Contrabando

Grabado que representa el CONTRABANDO en Aragón. (Museo Romántico, Madrid). [Del lat. contra bannum, contra el edicto]. Acción de comerciar, importar o exportar géneros y mercancías sin pagar los derechos de aduana a que están sometidos legalmente o cuya introducción en el territorio de un Estado se encuentra penada expresamente por ley. Las actividades de contrabando se confunden, históricamente, con las del bandolerismo (v.), término con el mismo origen etimológico, mientras que en la actualidad se relacionan con determinados fenómenos de delincuencia organizada. En la génesis del contrabando, como su propio nombre indica, debe existir una norma jurídica o disposición –bando– gubernamental que prohiba el ejercicio de una actividad especifica, como pueden ser el libre comercio sin satisfacer los requisitos necesarios para su consideración lícita y la importación de determinadas mercancias por interés de la economía o la seguridad nacional. El descubrimiento...

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Grabado que representa el CONTRABANDO en Aragón. (Museo Romántico, Madrid).

[Del lat. contra bannum, contra el edicto]. Acción de comerciar, importar o exportar géneros y mercancías sin pagar los derechos de aduana a que están sometidos legalmente o cuya introducción en el territorio de un Estado se encuentra penada expresamente por ley. Las actividades de contrabando se confunden, históricamente, con las del bandolerismo (v.), término con el mismo origen etimológico, mientras que en la actualidad se relacionan con determinados fenómenos de delincuencia organizada. En la génesis del contrabando, como su propio nombre indica, debe existir una norma jurídica o disposición –bando– gubernamental que prohiba el ejercicio de una actividad especifica, como pueden ser el libre comercio sin satisfacer los requisitos necesarios para su consideración lícita y la importación de determinadas mercancias por interés de la economía o la seguridad nacional.

El descubrimiento de América y la consiguiente creación de un mercado colonial monopolizado por España provocaron el surgimiento de una actividad contrabandista a gran escala, promovida por las principales potencias europeas. Su principal objeto lo constituían los metales preciosos americanos –plata y oro– severamente protegidos por la legislación española, pero cuya exportación fraudulenta resultaba difícil de evitar como consecuencia de los graves desequilibrios productivos internos y la capacidad de los inversionistas extranjeros. Las medidas que sobre esta materia dictaron Carlos I y Felipe II tuvieron escaso efecto frente al alza de los precios y el desmesurado incremento de los gravámenes como el almojarifazgo, la alcabala y diversas gabelas adicionales, motivado por una situación hacendística de quiebra casi permanente. Además, la desigualdad jurídica y la existencia de diversos fueros territoriales restaban efectividad a tales medidas, de manera que el contrabando no cesó de aumentar durante el s. XVII. Por ejemplo, las leyes dictadas por Felipe II en 1588 sobre el control de la importación de mercancías no fueron aplicadas en Navarra hasta su aprobación por las Cortes de 1628. En consecuencia los navarros, amparados por la libertad de comercio que reconocía su fuero, pudieron continuar introduciendo mercancías prohibidas a través de la frontera con Castilla, denominada “aduana del Ebro”. Las trabas legales afectaban a bienes considerados estratégicos, como el grano en épocas de carestía o los animales de monta, cuya exportación impidió Carlos I en el transcurso de las guerras con Francia.

Otras materias objeto de contrabando fueron el tabaco, la sal, vino y aceite y el ganado, así como los tejidos de lana y seda, con cuyos elevados gravámenes se trataba de proteger la industria de los reinos hispanos. En 1626 las Cortes de Barbastro (Huesca) y Calatayud (Zaragoza) doblaron la casi totalidad de los derechos aduaneros, con especial incidencia en los textiles manufacturados, lo cual favoreció el desarrollo de una intensa actividad económica en las localidades fronterizas del reino de Aragón basada en el contrabando con Francia. En el s. XVIII la dinastía de los Borbón emprendió diversas iniciativas destinadas a remediar esta grave situación, aunque en los dominios americanos el contrabando se generalizo gracias a las prerrogativas que Inglaterra y Holanda, especialmente, habían obtenido sobre el monopolio indiano en el Tratado de Utrecht (1713). La nueva política de centralización administrativa, unificación legal y control policial modificó substancialmente el régimen anterior pero, paralelamente, definió el contrabando como un fenómeno moderno ligado al bandolerismo y otras formas de rebeldía marginal.

En las regiones costeras y fronterizas mal comunicadas con los órganos centrales de decisión, afectadas por la conflictividad social y estancadas en su desarrollo económico, el contrabando se convirtió en una actividad endémica, variable en sus objetivos conforme a la cambiante coyuntura legal. Éste fue el caso de amplias zonas de Galicia, Extremadura, Navarra, Aragón y, sobre todo, Andalucía, donde los miles de kilómetros de costas, la frontera con Portugal y la cercanía del enclave británico de Gibraltar posibilitaron un destacado auge del contrabando, cuya geografía coincidía con la del bandolerismo. Diego Corrientes, El Vivillo, El Pernales o la cuadrilla de Los Niños de Écija traficaron con caballos y productos coloniales rígidamente sometidos al estanco o asiento estatal, como el tabaco y las especias. Por ejemplo, el comercio ilícito de azafrán motivó la detención y posterior ejecucion en Sevilla de los miembros de la Cuadrilla de los Berracos. La Real Cédula del 17-XII-1760 y la Instrucción del 22-VI-1761 decretaron un agravamiento generalizado de las penas por contrabando y la Real Orden del 27-VI-1766 concedió al comandante general del Campo de Gibraltar amplias facultades en esta materia.

En un dictamen del capitán general de Andalucía, conde de O’Reilly, se describen los géneros aprehendidos en un servicio realizado el 16-IV-1772: quince caballos, ochenta libras de tabaco de Brasil, catorce escopetas, tres trabucos y ocho pistolas. La intervención de la Compañía de Escopeteros Voluntarios de Andalucía, con sede en Sevilla, en el periodo correspondiente a 1793 se saldó con 78 contrabandistas detenidos y la requisa de 1.585 libras de tabaco, 685 de pimienta y madre de clavo, 10 arrobas de aceite y 34 caballos, entre otros animales. Entre el 1-IV-1796 y el 1-XI-1797 la Compañía detuvo a 54 contrabandistas y decomisó setenta armas de fuego y blancas, 77 caballerías mayores y menores, 1.579 libras de tabaco, 25 cargas de sal y 25 piezas de muselina. Sin embargo, el principal motivo de preocupación consistía en los numerosos casos de colaboración y tolerancia interesada de las autoridades locales y regionales respecto a estas acciones. En Navarra la desaparición de las aduanas (“tablas”) del Ebro entre 1717 y 1839 y su traslado al límite de los Pirineos no resolvió el problema de un contrabando favorecido por los abusos de los “tablajeros” y la anuencia de los soldados y guardias de los puestos fronterizos.

La Real Cédula del 19-V-1790 prohíbía el acceso a cargos públicos de las personas implicadas en estas actividades, con un plazo de prescripción superior a los tres años. Asimismo, la participación del clero originó la publicación de numerosas disposiciones, como la Real Cédula de 1796. Respecto a las medidas represivas, el 24-II-1780 se crearon en Andalucía las Compañías de Infantería Fija de la Costa de Granada y, por Real Decreto del 25-IX-1799 e Instrucción del 4 de octubre de ese mismo año, se estableció el Resguardo de Rentas de mar y tierra, cuerpos militares ambos especializados en la persecución del contrabando. La persistencia del problema motivó la reiteración posterior de tales medidas: la Real Orden del 2-II-1801 dictó órdenes a las chancillerías, audiencias, corregimientos, alcaldías mayores y otras instancias judiciales menores para que prestasen eficaz auxilio al Resguardo de Rentas en su labor; la Real Orden del 7-XII-1801 disponía medidas severas para la separación de sus destinos de los funcionarios considerados culpables de corrupción; en 1831 se dirigía una Instrucción sobre la implicación del clero y en 1830 se creo una comision especial para la cuestion del contrabando.

La Real Orden del 12-III-1834 declaro la obligación de los párrocos a informar sobre la conducta de sus feligreses a este respecto. A partir de 1844 la Guardia Civil substituyó al Cuerpo de Carabineros Reales como instrumento más importante de la accion gubernamental contra las actividades de contrabando, desarrolladas por un creciente numero de personas que, de forma aislada u organizadas en grupos de caracter protomafioso, encontraban en ellas su único medio de subsistencia. Las guerras carlistas desarrolladas durante el s. XIX propiciaron un aumento importante en el tráfico clandestino de armas y municiones, contra el cual se aplicaron las penas y castigos más graves. Como prueba de la magnitud alcanzada por este fenómeno puede señalarse la denominada “acción de Carrasquilla” (27-VIII-1837), en la cual fuerzas combinadas de los Carabineros, Ejército y Milicia Nacional trataron de impedir durante más de cinco horas de combate el desembarco en la costa de Almería de unos ochocientos contrabandistas armados, incluso, con cañones.

En 1843 se publicó la primera estadística nacional sobre la delincuencia, en la cual Navarra –con un delito de este tipo por cada 2.069 h.– y La Coruña encabezaban la lista de regiones más destacadas en asuntos de contrabando. Entre ellas se encontraba también Extremadura donde, entre junio y octubre de 1845, fueron capturados 143 contrabandistas, a los cuales se incautaron 72 caballerías y productos estancos. En el Pirineo aragonés, especialmente en los valles de Ansó y Hecho (Huesca), el comercio ilícito se convirtió en un fenómeno endémico y en una forma de economía local posibilitada por la vecindad de Francia, la incomunicación y el accidentado terreno, bien conocido por los habitantes de la zona. En la noche del 2 al 3 de febrero de 1871 más de 150 “paqueteros” entablaron un combate armado contra un destacamento del Cuerpo de Carabineros que se saldó con cuatro muertos y la requisa de 66 fardos y 34 cabalgaduras.

La legislación en esta materia se inició en España con la ley penal sobre delitos de fraude contra la Hacienda pública del 2-V-1830, reformada a iniciativa de Bravo Murillo el 20-VI-1852. En virtud de la Ley de Bases del 19-VII-1904, por Real Decreto del 3 de septiembre de ese año se publicó la Ley de Contrabando y Defraudación Pública, con 128 artículos. En el s. XX el tabaco ha constituido el principal objeto de contrabando, aunque más importancia alcanzó el de armamento durante la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias y la Guerra Civil (1936-1939) en la zona republicana, como consecuencia de la política internacional de No Intervención. En la postguerra se produjo un resurgimiento que se puede calificar de “epidémico”, resultado de la escasez generalizada de bienes de consumo y alimentos, las directrices gubernamentales de economía autárquica y la importancia del “mercado negro”.

En la actualidad se constata la difusión de un proceso por el cual los grupos organizados, preferentemente en Galicia y el S. de Andalucía, substituyen el contrabando de tabaco por el de droga (hachís, cocaína y heroína), que proporciona unas ganancias muy superiores, si bien conlleva una transformación substancial en sus métodos, objetivos y consecuencias a corto plazo. La reforma introducida en el Código Penal por la Ley Orgánica del 13-VII-1982 ha significado un agravamiento de la legislación en materia de contrabando, en la qae tienen competencia los tribunales ordinarios. Estos delitos dejan de ser considerados como infracción administrativa cuando concurren en ellos las siguientes circunstancias: que los géneros o efectos superen una determinada cuantía mínima, que el objeto de contrabando lo constituyan drogas, estupefacientes, armas o explosivos, cualquiera que sea su importe, y que su tráfico se realice a través de una organización establecida. [J.M.S.]

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